En la ciudad de Nueva York, a inicios del mes de abril de este año se aprobó una resolución histórica para el cambio climático. La Asamblea General de la ONU pedirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)[1], su opinión sobre la obligación que tienen los países para hacer frente al cambio climático, esto, debido a la crisis que viven los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID[2]).
La realidad que viven estos países es distinta a aquellos que se encuentran anexos a un continente. Estos países sufren directamente los cambios climáticos y son tan graves que peligra su subsistencia. Debemos entender que las comunidades de esta nación viven a pocos metros sobre el nivel del mar y son especialmente vulnerables a los cambios climáticos, el aumento del nivel del mar e incluso la erosión de las costas afecta a sus medios tanto de subsistencia como de desarrollo.
Podemos partir del ejemplo de la República de Vanuatu, es un país insular localizado en el océano pacífico sur, está compuesto por doce islas grandes y varias decenas de islas pequeñas. Es considerado el país con el mayor riesgo de desastres naturales. A mediados de marzo del año 2015 el ciclón Pam, causó daños generalizados en 22 islas del archipiélago afectando a 166.000 personas (dos tercios de la población).
Esta situación de peligro ha seguido incrementándose y es por esto que a través de la sociedad civil en la República de Vanuatu, los estudiantes de derecho de las islas del pacífico se han movilizado como mecanismo de presión para que el ejecutivo tome en cuenta sus pedidos y eleve el problema a instancias internacionales.
Es por esto que es necesario aplicar la “justicia climática”, término que ha tomado fuerza principalmente en los últimos años. Prueba de ello es el Acuerdo de París, que reforzó la idea de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, lo que vendría a significar la obligación que tienen los países en tomar medidas contra el cambio climático; así como aplicar de manera responsable los niveles de protección al ambiente, diferenciando las grandes naciones de las que se encuentran en desarrollo. Esta resolución es tan importante por que nace de la búsqueda de preservar las generaciones presentes y futuras. Con la participación de la CIJ se busca abrir la puerta para que las naciones y sus actores puedan llevar sus controversias a este órgano internacional.
Analizando la importancia que tiene el derecho ambiental en el desarrollo de las naciones y la corresponsabilidad y solidaridad que debe existir entre los países miembros de la ONU, es importante tomar en cuenta que el Ecuador si ha generado efectos positivos en su normativa para la protección de este bien tan fundamental para la vida.
El artículo 14 de la CRE establece que:“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”
Es notable la postura comunitaria y de protección al medio ambiente que adoptó el Ecuador en su constitución del 2008, ya que, como podemos ver, se exigen garantías de preservación de ecosistemas, prevención a daños futuros etc. Lastimosamente aún nos falta compromiso para que realmente podamos aplicar principios ambientales en las actividades diarias de la población y no se diga en actividades a gran escala como minería y petróleo.
Ecuador es uno de los 156 países que legalmente ha reconocido “el derecho a un medio ambiente sano” y, para el caso de Vanuatu, es apenas una colaboración pequeña para lo que realmente necesita esta nación para su subsistencia.
Se necesitan acciones de las naciones más desarrolladas para que realmente se sienta un cambio sustancial en las emisiones tóxicas de nuestras formas de producción . Prueba de que es posible reducir estas emisiones es la pandemia COVID-19, que con la paralización de la utilización de combustibles fósiles se observó una reducción de CO2 y de NO2 de naciones como China.
Aunque las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no son jurídicamente vinculantes para los países, tienen mucho peso y autoridad moral. Esperemos que la participación de la CIJ sirva de impulso para observar a países que no han reducido emisiones y la obligación de que refuercen sus planes y acciones relacionados con la protección del ambiente y la estabilización del clima.
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[1] La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, está encargada de decidir sobre las controversias jurídicas entre los Estados y opiniones consultivas.
[2] En septiembre del 2014 se celebró en Apia (Samoa) la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo cuyo tema general fue “el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo mediante alianzas auténticas y duraderas”