Lo he defendido en otras ocasiones y esta no es la excepción, que, para poder informar, con fundamento, sobre un caso en el que se analiza la comisión o no de un delito, es necesario analizar y revisar el expediente de dicho caso, en el que reposa toda la documentación y actuaciones que lo componen. La realidad procesal -que se supone se busca se acerque de forma legítima a la verdad histórica- está en esas hojas, audios y diligencias.
Lamentablemente, con mayor fuerza mediante el uso de las redes sociales, son muchos los agentes que trasladan información sin conocer la misma en su origen (expediente) o conociéndola, la transforman o le dan un matiz, ya sea por sus convicciones, interpretaciones, morbo o sesgos que distorsiona el real contenido de esos datos. Aclaro, una opinión la puede tener cualquiera, pero es muy diferente emitir un criterio de valor a informar un dato que efectivamente sucedió en la realidad o en el caso judicial, cuyo respaldo existe en un expediente.
Ahora, el problema es que a causa de esta desinformación o información distorsionada muchas veces se genera un reproche social a través de ciudadanos que, partiendo usualmente de esos pocos datos dados por otras personas, se sienten con fuerza suficiente para poder “sentenciar” la existencia o no de un delito. Lo peor es que la mayoría de estos juzgadores querrán que el Juez haga el mismo ejercicio que ellos hicieron y se frustran si hace lo contrario ante algo que aparece a todas luces, evidente. Sin duda, el reproche social fuera de proceso es una de las peores situaciones que puede enfrentar un ciudadano.
El conflicto gana complejidad si reconocemos, como en efecto sucede, que muchas veces es el Estado el que aporta estos pocos datos, distorsionados, a la ciudadanía en miras a conseguir aprobación popular sobre actos, en este caso, ilegales. Como olvidar cuando el expresidente Lenin Moreno dijo públicamente que, cuando detuvieron a Ola Bini (ilegalmente, por cierto) lo encontraron “hackeando”, afirmación desmentida por los mismos agentes que ejecutaron esa detención. Claro, la mentira ya ha sido evidenciada pero el reproche y juzgamiento social no pueden retroceder.
En similar nivel de gravedad está la labor de ciertos medios de comunicación. Estos juegan un papel clave, pues por su rol social, existe cierta tendencia a que la ciudadanía crea en lo que exponen, asumiendo que, por su compromiso y profesión, los datos que consignan han sido verificados. Esto no sucede siempre así, muchos periodistas son actores principales en la creación de información distorsionada y con ello promotores de la formación errada en la opinión pública.
No estoy en contra de que la ciudadanía pueda opinar sobre todos los casos en los que tenga interés. De hecho, es justamente esa opinión uno de los parámetros claves en un sistema judicial de un Estado democrático como el nuestro que, a través del principio de publicidad de los procesos, crea la oportunidad para que todos, puedan conocer la información desde su origen y con ello, fiscalizar la actuación de todos quienes actúan alrededor del poder judicial.
Realmente el objetivo de estas líneas es incentivar a que ese principio de publicidad no sea un mero enunciado constitucional, que exista un verdadero interés ciudadano en conocer qué pasó con uno u otro caso y que desde ese conocimiento sí, fiscalicen, formen opinión y la trasladen, siempre separando el dato del criterio de valor. Tal vez el esfuerzo puede ser mayor que leer los 280 caracteres que permite Twitter, pero tendrá la ventaja de saber, con certeza, de que no existe atrás de esas pocas palabras una distorsión, una mentira o incluso el apoyo a actos de Autoridades ilegítimos.
El resultado de este ejercicio de opinión fundada es mayor para todos aquellos que han ganado respeto y credibilidad en la sociedad, no se diga de los servidores públicos. Cada uno de ellos, en respeto del ordenamiento jurídico que buscan precautelar deben saber que, es preciso conocer las circunstancias del caso para opinar e informar. Más importante, cada uno de ellos conoce que una opinión errada puede generar un estigma que probablemente no podrá ser reparado y que se podría evitar recurriendo a la fuente.
Si se sigue este consejo de conocer antes de informar sobre un caso judicial, ganan todos. Gana el sistema, pues que la ciudadanía se involucre, no solo que representa la vigencia del principio de publicidad, sino que, la existencia de observadores y fiscalizadores de los operadores de justicia, empujará para que estos, en sus actos, cumplan con mayor convicción y responsabilidad -y menos arbitrariedad- las normas. Gana la sociedad, pues deja de reducir el debate a 280 caracteres, deja de creer en la opinión de cualquier persona y deja de emitir como definitivas afirmaciones sin sustento. Más importante, gana las personas de quienes se trata el proceso, pues si los juzga, que sea por lo que existe en el expediente y no por el decir de cualquiera.